Jugar a nada

Cuando no se entiende bien su esquema táctico, es difícil precisar si un equipo de fútbol, a pesar del resultado, jugó mal o bien un partido. Es que al no quedar en claro lo que quiso hacer dentro de la cancha, resulta imposible juzgar si le salieron o no las jugadas que se proponía. "No jugó a nada", se suele decir.

En el caso del Gobierno y sus últimos anuncios respecto a la deuda externa, esto último es lo mejor, lo menos preocupante, que se puede decir. Porque si está haciendo otra cosa que "jugar a nada", se pueden alimentar las peores sospechas.

La primera de ellas es que ni la propia Presidente sabe lo que está haciendo su gabinete económico. El martes pasado, en un mensaje por cadena nacional, Cristina adelantó que enviaría al Congreso un proyecto de ley para quitarle al Bank of New York la licencia del pago a los bonistas –a los que sí ingresaron a los canjes de 2005 y 2010– y transferir el dinero de los vencimientos de deuda a un fideicomiso del Banco Nación argentino, para que los fondos se deriven desde allí en cada vencimiento.

Pero una vez que se dio a conocer el texto de tal proyecto a la prensa, se sabe que no es exactamente eso lo que dice. De acuerdo a sus artículos 6 y 7, lo que se propone es que los acreedores puedan elegir voluntariamente el cambio de jurisdicción que les ofrece la Argentina (el ministro Kiciloff lo dijo un día después, aunque evitando corregir a su protectora). En otras palabras, se propone un nuevo canje que, casi seguramente, será un fracaso absoluto.

En el mismo discurso del martes, la Presidente dijo también que la deuda externa es del 8 por ciento del PBI –algo más de 40 mil millones de dólares–, desconociendo así a los acreedores locales en dólares, las emisiones de títulos oficiales de los últimos años y hasta la deuda con organismos públicos, como la Anses y el Banco Central, cuyos recursos son propiedad del pueblo argentino.

De este último aspecto deviene la segunda sospecha, porque todo el marco económico permite pensar que se estaría preparando una colosal devaluación para licuar las deudas del Banco Central –todas ellas con distintos sectores y entidades de la propia sociedad argentina– a fin de revalorizar las reservas en dólares.

Es decir, se estaría buscando reforzar las condiciones para el pago de los compromisos externos en base a la pauperización de los recursos internos. Lo que significa, entre otras cosas, reducir notablemente la capacidad de compra de los salarios. Dicho sea de paso, no son pocos los sectores del establishment económico que apoyarían esta medida.

La tercera sospecha posible es la más futbolística: patear la pelota para adelante. El 30 de septiembre venidero nuestro país debe pagar el próximo vencimiento de deuda y, de aprobarse el proyecto en el Congreso, muy posiblemente el Gobierno hará efectivo el pago en el nuevo fideicomiso del Nación. Si esto ocurre, es de cajón que habrá un juicio del Bank of New York contra nuestro país y que los bonistas reclamarán la aceleración de la deuda, con lo cual se iniciaría una etapa de default total.

De ocurrir esto último, el Gobierno quedará obligado a reestructurar la deuda e iniciar una nueva ronda de negociaciones. La expectativa es mantener –como se pueda– la indefinición hasta la llegada del nuevo período presidencial, con lo cual las nuevas autoridades electas deberán hacerse cargo de una tonelada de litigios. Y no sólo con los actuales "holdouts", sino también con los bonistas que no entren en el nuevo canje y/o con los que pidan la aceleración, cuyas posibilidades de obtener sentencia favorable en tribunales internacionales es infinita.

Volviendo al principio, lo mejor que se puede pensar es que el equipo no está jugando a nada. La otra es descubrir amargamente que el partido está perdido de antemano. Y de la peor manera.