Victoria Donda : “El gobierno 'popular' prepara el marco legal para reprimir en medio de la crísis”

La diputada Victoria Donda se refirió al proyecto del bloque kirchnerista que plantea limitar la protesta social: “Justamente y como resultado de la crisis que vive nuestro país, el oficialismo, presenta un proyecto de carácter absolutamente autoritario. Este gobierno no se ha caracterizado por su voluntad de consenso, ni de respeto a las disidencias, pero la presentación de este proyecto que solo apunta a controlar aquellas voces que no le gustan, es una linea que no debemos permitir que se cruce. Uno puede estar de acuerdo o no con la protesta, pero si la limitamos. tarde o temprano terminaremos siendo rehenes de quienes ocasionalmente estén en el poder.

Por ejemplo, ¿Es legitima o ilegitima una protesta porque nos cortaron 25 días el servicio eléctrico, o pidiendo mayores salarios, o reclamando asistencia sanitaria, o porque no estamos de acuerdo con determinada medida, como fueron los cortes de rutas por la 125, o bien el corte de puente que llevó adelante el pueblo de Gualeguaychu para evitar que se contamine el lugar donde viven? ¿El gobierno decidirá que protesta permite y cual no? ¿Permitirán que los vecinos se organicen por las redes sociales para que exista un nuevo 18N? Si recortamos el marco democrático donde cada uno pueda manifestar su necesidad, estaremos retrocediendo en la construcción de un Estado de Derecho. No hay excusas, los reclamos hay que atenderlos no esconderlos o hacerlos desaparecer. Claro, no esperamos que quienes apoyan decisiones reñidas con el respeto a los Derechos Humanos, como por ejemplo la designación de Milani, o la sanción de la ley antiterrorista, compartan lo que pensamos”.

Haciendo precisiones sobre la iniciativa en sí, la referente del FAP explicó: “El proyecto castrense presentado por el diputado Kunkel, define en su art. 5 que manifestación será legítima y cuál no, enumerando una serie de requisitos a cumplir. Se desprende de ésto que el 95% de la protestas que se dan hoy de docentes, estudiantes, desocupados y trabajadores, entre otros, sea desde ya “ilegítima”. En los términos de ese proyecto de ley; además, el art. 7, que ordena notificar entre otras cosas, a la policía, la movilización a realizarse, manda a identificar un responsable del grupo, lo que apunta totalmente a la criminalización de la protesta social de una forma escandalosa. Y no creo que el Gobierno desconozco que aún sin esta ley, en el país hay más de 6000 luchadores sociales procesados ilegítima y hasta ilegalmente, en muchos casos. La reducción de la política a un expediente jurídico -con el fin de amedrentar a los actores sociales, acallar los reclamos populares, desarticular los movimientos sociales y deslegitimar la protesta- es la derrota de la política como forma de organización social. Es necesario generar todas las herramientas posibles a fin de garantizar el derecho a la participación en la vida pública”.

Finalmente, la legisladora de Libres del Sur, agregó: “Hay una larga tradición de lucha en la Argentina y las protestas callejeras fueron siempre el mecanismo elegido por todos los sectores para expresar sus demandas. Estoy convencida que este tipo de protestas son el ejercicio del derecho a tener derechos y de volver a ser ciudadanos. Su regulación es imposible. En un sistema institucional como el nuestro, en el que por mandato constitucional hemos delegado casi todo: la toma de decisiones, la administración de los recursos económicos, el uso de la fuerza, entre otras cosas; lo mínimo que podemos hacer como ciudadanos/as es ejercer activamente el derecho de demandar lo que hemos delegado cuando está en juego perder derechos fundamentales, Cuando la Presidenta dijo que iban por todo, era cierto: ahora van por nuestra voz, lo que no saben es que nuestra voz la vamos a defender".