Proyecto: Modificación del artículo sobre curador provisorio, fijación del plazo, y medidas precautorias de internación

Artículo 1°: Sustituyese el artículo 626 inc. 1 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación por el siguiente:
"Art. 626. - Con los recaudos de los artículos anteriores y previa vista al asesor de menores e incapaces, el juez resolverá:
1) El nombra- miento de UN (1) curador provisional, que recaerá en UN (1) abogado de la matrícula. Sus funciones subsistirán hasta que se discierna la curatela definitiva, se desestime la demanda o hasta la presentación del presunto incapaz con patrocinio letrado propio."
Artículo 2°: Sustituyese el artículo 626 inc. 2 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación por el siguiente:
"2) La fijación de un plazo no mayor de VEINTE (20) días, dentro del cual deberán producirse todas las pruebas."
Artículo 3°: Sustituyese el artículo 626 inc. 1 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación por el siguiente:
"MEDIDAS PRECAUTORIAS. INTERNACION. Art. 629. - Cuando la demencia apareciere notoria e indudable, el juez de oficio, adoptará las medidas establecidas en el artículo 148 del Código Civil, decretará la inhibición general de bienes y las providencias que crea convenientes para asegurar la indisponibilidad de los bienes muebles y valores. En el caso de ser necesaria la elaboración de un oficio para el cumplimiento de la medida ordenada, éste será confeccionado por el Juzgado y remitido mediante el Sistema DEO al organismo correspondiente en el plazo de dos días de dictada la medida respectiva.
Si se tratase de un presunto demente que ofreciese peligro para sí o para terceros, el juez ordenará su internación en un establecimiento público o privado."
Artículo 4°:Comuníquese al Poder Ejecutivo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El art. 8 de la CADH prescribe que: "Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter". La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que el debido proceso se refiere al "conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesa- les a efectos de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier... acto del Estado que pueda afectarlos. Es decir, cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea administrativo sancionatorio o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal" (Corte IDH, caso "Baena, Ricardo y otros. Excepciones preliminares", sent. del 2/2/2001 [serie C, n. 72, párr. 124]; caso "Baruch Ivcher Bronstein v. Perú. Interpretación de la sentencia de fondo [art. 67 Ver Texto , CADH)", sent. de 6/2/2001 [serie C, n. 74, párr. 102]; caso del Tribunal Constitucional "Aguirre Roca, Rey Terry y Revorero Marsano v. Perú", sent. de 31/1/2001 [serie C, n. 71, párr. 69]; Garantías Judiciales en Estados de Emergencia, opinión consultiva OC-9/1987, de 6/10/1987 [serie A, n. 9, párr. 27]).
En tal sentido es menester entender que las reglas procesales como andariveles naturales del ejercicio de los derechos, son pilares que deben cimentarse constantemente para lograr la efectividad de es- tos.
En particular los procesos de insania deben ser ágiles y efectivos por una doble motivación. En caso que el presunto in- sano no lo sea, durante ese período se encuentra inhibido de ejercer actos de disposición, más allá de todas las molestias y afecciones que como sabemos conlleva un proceso judicial.
En el otro extremo en caso que el presunto insano así sea declarado, durante todo ese período es probable que cometa actos que sean dañinos y en algunos casos irreversibles para con su persona.
El Código Procesal Civil y Comercial de la Nación mantiene de larga data ciertas omisiones que determinan la inútil dilatación del proceso y también debemos considerar como obligatorias ciertas herramientas tecnológicas que pueden agilizar la labor de tribunales.
En primer lugar el Código determina en salvaguarda de los derechos de defensa del presunto insano en su artículo 626 inc. 1 la designación de un curador provisional que recaerá en un abogado de la matrícula. Pues bien lo que no se contempla en este artículo es que ocurre si el causante se presenta con abogado propio, frente a esta situación, vengo a proponer que cese la intervención del curador ad-litem, pues bien, bajo la apariencia de lo que podría ser una doble defensa en favor del presunto insano lo único que se logra es una dilatación inútil del proceso, puesto que cada acto procesal de impor tancia debe ser controlado por este Curador sin sentido ya que existe un letrado al cual dicha persona ha confiado su defensa en juicio, existiendo a su vez el Ministerio Tutelar cuya función es controlar la legalidad del proceso.
En segundo término suele darse en esta instancia judicial la necesidad de la interrelación con otros Organismos, como por ejemplo le Registro de la Propiedad Inmueble para anoticiarlo de la inhibición general de bienes que se trabe sobre el presunto insano.
En la realidad de los hechos ocurre que se pierde una elevada cantidad de tiempo entre la elaboración de los instrumentos necesarios para cumplir tales medidas, desde que el mismo es confeccionado, presentado en el Juzgado, confrontado, firmado por el Secretario o Juez, re- tirado y presentado en el organismo correspondientes.
En el mes de Octubre de 2009 la Corte Suprema de Justicia implementó como prueba piloto el Sistema DEO (Sistema de Diligenciamiento Electrónico de Oficios) señalaron que la utilización de esta herramienta tecnológica permite "la reducción de tiempos" y no se han equivoca- do, a partir del año 2011 se fue determinando la obligatoriedad de este sistema en ciertos aspectos y estoy convencida que debe aplicarse con ese carácter al proceso de insania por su agilidad y efectividad, determinando que sea el Juzgado quien elabore dicho instrumento y lo remita vía e-mail al organismo correspondiente. Si bien de esta forma se estaría agregando una tarea, se los exime de realizar el confronte que muchas veces es más laborioso que la realización misma del instrumento en sí, lográndose evitar todas las etapas a las cuales me referí en los párrafos anteriores ganándose tiempo valiosísimo.
De la mano con la implementación de esta herramienta electrónica podrá lograrse la agilización de la etapa probatoria por ende propongo la reducción del plazo de producción de prueba de los 30 (treinta) días vigentes a 20 (veinte) dado que el cumplimiento de lo requerido en la Ley de Salud Mental -el informe interdisciplinario de dos médicos psiquiatras, un psicólogo y un asistente social- no debe insumir mayor tiempo, bajo peligro de causar un perjuicio indebido al presunto incapaz.