Laura Montero: ¿Quién defiende a los mendocinos?

La Unión Cívica Radical ha resuelto, en reunión conjunta de diputados y senadores, avalar el aumento del 35% de aumento salarial acordado en paritarias. De esta manera, queremos llevar tranquilidad a todos los empleados públicos de la Provincia. Será responsabilidad del Gobierno que existan los recursos suficientes para cumplir con lo acordado.

Del mismo modo y en afán de garantizar el justo pase a planta de quienes efectivamente cumplen los requisitos necesarios de acuerdo a la legislación vigente, es que solicitamos al Ejecutivo Provincial la nómina de los empleados comprendidos en esta paritaria.

Es en defensa de los mendocinos que denunciamos el acuerdo político entre el gobernador Francisco Pérez y Raquel Blas que pone en riesgo a futuro el pago de sueldos de la enorme mayoría de los empleados de la administración pública y por ende la prestación de los servicios del Estado.

Nuestro justo reconocimiento y reivindicación a todos los trabajadores del Estado, que cumplen su tarea honrada y eficientemente todos los días del año, prestando un servicio abnegado a los ciudadanos (médicos, maestranza, docentes, enfermeros, policías, administrativos, celadores, guardabosques, preceptores, choferes, etc.), ellos merecen un aumento salarial que reivindique sus funciones.

Algunos dirigentes gremiales han permitido que el Gobierno meta en la misma la bolsa justas reivindicaciones con maniobras fraudulentas para incorporar al Estado a ex funcionarios, militantes políticos, integrantes de La Cámpora, familiares, amigos del poder y ñoquis con salarios desmesurados en cargos jerárquicos y de responsabilidad política, violando las leyes de designación.

Hay que entender que la mala administración y gestión del Estado por parte del Frente para la Victoria debe ser soportada con mayores impuestos y endeudamiento que termina afectando la actividad económica privada de la Provincia, dejando sin trabajo a muchos mendocinos en la industria, el agro, el comercio y la construcción, principalmente.

Es increíble que contando con numerosos empleados del Estado que vienen capacitándose desde años, les resulte casi imposible obtener promociones u oportunidades de crecimiento profesional, mientras que otros acomodados reciben un favor político.

No nos oponemos al aumento salarial, porque claro es que el proceso inflacionario y el impuesto a las Ganancias al que asistimos destruye la capacidad adquisitiva de los sueldos. Tampoco nos oponemos a la designación del personal que se desarrolla en forma precaria en el Estado, pero si repudiamos las incorporaciones masivas con militantes encubiertos que generan desigualdades.

Lo llamativo es que esta tremenda incorporación de recurso humano no contemple ni siquiera un médico pediatra para Lavalle, ni un cardiólogo en General Alvear, ni un psiquiatra para Malargüe, entre otros tantos ejemplos de situaciones extremas no resueltas por el sistema sanitario público de la Provincia. Pero si contempla la designación de funcionarios políticos, ex funcionarios, amigos y familiares en la planta de personal, con clases no vinculadas a sus funciones. Tal el caso del actual Ministro de Salud, Oscar Renna, que ha quedado designado en una de las clases más altas del escalafón médico, con un sueldo desproporcionado ($60.000), en relación a los médicos que trabajan en los efectores públicos provinciales.

Lo más bochornoso aún es la actitud de los funcionarios actuales que pretenden perpetuarse en el Estado, a través de reservas de cargos en distintas áreas donde nunca cumplieron funciones: OSEP, IPV y Vialidad Provincial. Y lo que es más insólito, nombrando personal en la Penitenciaria, adscriptos a otras reparticiones que cumplen funciones ajenas al sistema de seguridad y generando una manifiesta desigualdad del resto de la administración pública por gozar de un régimen jubilatorio distinto a sus compañeros de trabajo.

El Estado no le pertenece a ningún grupo de poder, tampoco partidario, sino que está al servicio de la sociedad y de sus necesidades.

Como si todo esto fuera poco nos encontramos con un Estado totalmente desmembrado, en situación de crisis financiera, con una pésima prestación de servicios y en muchos casos con corte de los mismos.

Es inexplicable que los mismos dirigentes sindicales que consiguieron hace poco en la Justicia el reconocimiento a su reclamo de los pases a planta por concurso hoy avalen violar esa misma ley.

Tampoco se entiende la histeria de algún dirigente sindical como es el caso de Raquel Blas en este tema, cuando sólo buscamos garantizar justicia a los empleados públicos. Quizá debería manifestarse con el mismo énfasis para reclamar la deuda que el Gobierno de Pérez tiene con OSEP y que deja desprotegidos a los mismos empleados públicos que dice defender, ni reclamar a los legisladores nacionales del Frente para la Victoria (Adolfo Bermejo, Anabel Fernández Sagasti, Dante González, Alejandro Abraham y Guillermo Carmona) por la disminución del impuesto a las Ganancias, que es el ajuste más severo que está sufriendo el salario de los trabajadores con el consentimiento del oficialismo.

Sergio Pinto. Presidente Comité Provincia de la UCR

Gerardo del Río. Presidente del Bloque de Senadores de la UCR

Néstor Parés. Presidente del Bloque de Diputados de la UCR

Senadores: Sergio Moralejo, Daniel Ortiz, Guillermo Simón, Milagros Suárez, Juan Carlos Jaliff, Eduardo Ferrer, Claudia Najul, Francisco Héctor Ruiz, Walter Soto, María Olga Quiroga, Eduardo Giner, Jorge Palero, Norma Corsino, Alejandro Molero y Armando Camerucci.

Diputados: Víctor Scattareggia, Néstor Majul, Héctor Quevedo, Lorena Meschini, Tadeo García Zalazar, Néstor Guizzardi, Daniel Llaver, Pablo Narváez, Roberto Infante, Diego Guzmán, Julia Ortega, Gustavo Villegas, Pamela Verasay, Omar Sorroche, Liliana Pérez, Jorge Sosa, Martín Kerchner, Beatriz Varela, Edgar Rodríguez y Jorge López.